Lima, 04/04/2012 Washington (Reuters). El Gobierno de Estados Unidos dijo el martes que está preparando una demanda contra el sheriff del condado de Arizona y su departamento por violar leyes de derechos civiles, debido a las duras medidas contra los latinos destinadas a frenar la inmigración ilegal.

La dureza de procedimientos del sheriff Joe Arpaio contra los inmigrantes ilegales ha sacado a colación el tema en el escenario político estadounidense, con algunos estados aprobando nuevas leyes destinadas a la detención de aquellos que viven ilegalmente en el país.

El Departamento de Justicia y la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa han estado en conversaciones extrajudiciales durante meses por acusaciones respecto a que los oficiales realizan con regularidad detenciones ilegales y arrestos a latinos, además del uso de fuerza excesiva contra ellos.

NEGOCIACIONES TRUNCAS
Esas negociaciones se han roto debido a una disputa por la petición del Departamento de Justicia para que un tribunal federal designe a un observador independiente para supervisar el cumplimiento del acuerdo, que ha llegado a 128 páginas en forma de proyecto, de acuerdo con el Gobierno de Barack Obama.

“Creemos que usted está perdiendo el tiempo y no está negociando de buena fe”, dijo Roy Austin, vicefiscal general de la División Civil del Departamento de Justicia en materia de derechos humanos, en una carta al abogado de la Oficina de Sheriff del Condado Maricopa (MCSO).

Austin dijo en la misiva que el equipo de Arpaio exigió que una reunión programada para el miércoles incluya por primera vez las negociaciones sobre el observador, y anteriormente había pedido que el Departamento de Justicia proporcionara más detalles sobre sus conclusiones.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES
El Departamento de Justicia, en un informe realizado en diciembre, describió numerosas presuntas violaciones de derechos civiles, entre ellas que los conductores latinos tenían entre cuatro a nueve veces más probabilidades de ser detenidos que los no latinos por la policía dirigida por Arpaio.

El sheriff ha negado firmemente cualquier delito y criticó al Gobierno de Obama por no enfrentar el problema de la inmigración ilegal, que se cree alcanza unos 11,5 millones de personas en Estados Unidos.

En un enérgico comunicado difundido el martes, Arpaio dijo que el nombramiento de un observador obligaría a su policía a renunciar sus responsabilidades, entre ellas tomar decisiones sobre políticas, operaciones, programas carcelarios y el cumplimiento de la ley.



Fuente: Diario El Comercio